Ex funcionario de Graco libró proceso

Sábado, 16 de enero de 2021
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Ex funcionario de Graco libró proceso
Jesús Rodríguez

Acusado de enriquecimiento ilícito en perjuicio del estado

Nov 15 2019 - 11:59

En audiencia pública celebrada el día de ayer, magistrados del TSJ desecharon la vinculación a proceso de Alejandro “N”, ex director general del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos durante la administración del ex gobernador, Graco Ramírez y a quien se le acusaba de enriquecimiento ilícito en perjuicio del estado por más de 20 millones de pesos.

En la sala de audiencias del Poder Judicial, se dio vista al Toca penal 203/2019-3 relacionada con la causa penal JC/618/2019 en relación a una denuncia presentada por Gerardo Becerra, asesor en materia Anticorrupción del gobierno del estado, contra este ex funcionario estatal durante la administración pasada.

Se explicó que el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal Anticorrupción presentó 15 antecedentes de prueba para demostrar que el ex servidor público obtuvo de forma inexplicable varios inmuebles, ya que el sueldo que percibía simplemente le impedía aspirar a comprar cualquiera de ellos.

Sin embargo, el día de ayer, el magistrado Rubén Jasso presentó su proyecto de dictamen confirmando la no vinculación a proceso por enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que no había elementos suficientes para tal hecho.

Al emitir su voto particular, el magistrado del TSJ, Carlos Iván Arenas, dijo durante la audiencia, no compartir el criterio sostenido por la mayoría, en dos aspectos, el primero, en lo relativo a que se confirme el auto de no vinculación a proceso dictado en favor de Alejandro “N” y el segundo respecto a que debe indicarse de manera clara y precisa que quien emite la resolución que se ha votado son los integrantes de la Segunda Sala del Primer Circuito en el Estado de Morelos.

De los antecedentes vertidos por el agente del Ministerio  Público que al ser valorados conforme a la sana crítica y principios lógicos, sirven para acreditar un hecho con apariencia de delito y que el imputado lo cometió.

Para acreditar los extremos del tipo penal en comento, se establece que Alejandro “N” fue designado el 01 primero de octubre de 2012 como Director de Administrador y Finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia, DIF Morelos, laborando del periodo comprendido del 01 primero de octubre de 2012 dos mil doce al 15 quince de julio del 2013 dos mil trece, con un salario de $30,241.34 (treinta mil doscientos cuarenta y un pesos 34/100 M.N.).

Derivado de dicha función pública presentó al menos tres declaraciones patrimoniales.

No menos importante es señalar que si bien posterior a su actividad laboral, el mismo imputado presenta al menos cuatro propiedades a su nombre.

También resulta evidente que de la información aportada por el órgano acusador, el imputado ahora liberto cuenta con cuatro vehículos diversos al que reporta en su declaración de modificación y conclusión, específicamente dos motocicletas y dos camionetas más, siendo el más bajo en precio por la cantidad de 85 mil pesos.

De lo antes expuesto y de lo razonado el suscrito reconoce la existencia de una presunción de ilicitud del enriquecimiento, sustentada en hechos que deben demostrarse plenamente, consistentes en que un servidor público incrementó sustancialmente su patrimonio, de manera desproporcionada a sus ingresos, lo cual en su caso es una carga procesal exigible al órgano acusador en una etapa de juicio y no de vinculación a proceso.

Esta conclusión no es atentatoria del principio de presunción de inocencia que le asiste al inculpado, a quien debe otorgarse durante la investigación la posibilidad de probar dicha justificación, en uso de su posibilidad plena de defensa.

La magistrada María del Carmen Aquino Celis, también emitió su voto a favor del proyecto presentado por el magistrado Rubén Jasso.

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